Recibimos una denuncia ciudadana en la que nos informan que personal de la Profeoa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) constató la devastación de especies protegidas de manglares, relleno de humedal, entre otro delitos contra del medio ambiente que se cometen en el Municipio de San Felipe.

Trabajadores de esa dependencia federal acompañados de la Guardia Nacional el pasado 26 de enero realizaron en ese puerto del oriente una visita de inspección en materia de impacto ambiental por la remoción, limpieza y eliminación de vegetación de manglar de las especies de mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans), mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus)

En dicha inspección, el personal de la Profepa no solo constató de manera presencial la invasión de espacios colindantes con el manglar, daño y eliminación de la vegetación en una superficie de 3,500 metros cuadrados, así como el relleno del humedal, inclusive también detectó que están clausurando un brazo de agua natural conocido como el ocá.

Todas estas acciones son de daño permanente y presuntamente han sido ordenadas por el presidente municipal de ese puerto, Felipe Marrufo López, a quién encontraron “in fraganti” dando indicaciones en la ilegal obra y también ha declarado públicamente estar a favor de que se realice este daño irreversible a la zona protegida.

Las especies de mangle blanco, negro, rojo y botoncillo se encuentran catalogadas como amenazadas categoria A, dentro de la vigente Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

El presidente municipal no pudo demostrar que tiene autorización de la Semarnat que avale este ecocidio. Se esperan los tiempos administrativos para que presenten la correspondiente documentación o en su defecto proceder de acuerdo a la ley ya que es un delito federal realizar este tipo de devastación.

Han sido reiteradas las denuncias por este ecocidio, tanto por vecinos como por agrupaciones y personas preocupadas y concientes del respeto a la naturaleza.

Se hacen denuncias anónimas por temor a represalias, quejas formales de manera presencial, entre otras acciones. Los denunciantes confían en que las autoridades aplicarán la ley para detener este atentado irreparable contra la naturaleza.